El futuro es un país extraño
Josep Fontana (1931)
Pasado y Presente, 2013, 232 p.
No es un intelectual cualquiera quien firma este libro, sino Josep Fontana, uno de los historiadores más prestigiosos de este país. Y no habla del pasado, sino del presente y el futuro. Su conocimiento de la historia arroja luz sobre la deriva del nuevo estado de cosas. Así, entiende Fontana que esto que aún se sigue llamando crisis
“(…) no obedece a causas meramente económicas, sino a un proyecto social que ha comenzado por la privatización de la política y aspira a conseguir la privatización entera del propio estado. Un proyecto que no solo amenaza la continuidad de los servicios sociales que proporcionaba el estado del bienestar, sino que pone en peligro el propio estado democrático y la sociedad civil en que este se sostiene. Todo apunta, si esta evolución se mantiene en los mismos términos, a un futuro de retorno hacia una privatización global semejante a la de los tiempos feudales, en que tal vez dejaremos de pagar impuestos al gobierno, reemplazados por los servicios de trabajo forzado a las empresas propietarias de todos los recursos y todos los servicios de que dependen nuestras vidas.”
La historia no puede ser ya un relato de progreso continuado, tal y como se concebía hasta ahora, como constata Fontana a la luz del período de regresión que vivimos. Las conquistas sociales que se obtuvieron en dos siglos de luchas colectivas habrá que recuperarlas con métodos nuevos, “porque las clases dominantes han aprendido a neutralizar los que usábamos hasta hoy”. La lucha sigue siendo motor de la historia, por tanto, aunque haya que inventar otras formas más eficaces que la huelga o las manifestaciones. El problema, sin embargo, es que cada vez resulta más difícil aunar fuerzas en un entorno confuso y manipulado:
“(…) la formación de la conciencia de los seres humanos depende en gran medida de su capacidad de comprensión de la realidad social en que viven, y esta se encuentra hoy estrechamente condicionada por una información que se recibe esencialmente a través de los medios de comunicación de masas, que se dedican a difundir una visión conformista, tal como conviene a los intereses de sus propietarios. La derecha ha aprendido a usar estos medios para repetir incansablemente tópicos simplistas y metáforas engañosas que se inculcan como verdades de sentido común, y se apresta, por otra parte, a destruir la educación pública, ejercida por un profesorado independiente, para reemplazarla por un sistema administrado como una empresa, en que los enseñantes molestos puedan ser fácilmente silenciados.”
En cuanto a la privatización del estado, Fontana nos recuerda que el objetivo no es sólo recortar el gasto social, sino privatizar los servicios esenciales, que se están convirtiendo en un negocio jugoso para los bancos e inversores privados. De hecho, “lo que se vende no son los servicios, sino [a] los ciudadanos que están obligados a pagar para usar unos servicios –trenes, hospitales, escuelas…– que el propio estado ha permitido que se desmejoren para justificar su privatización.”
Donde no hay deterioro alguno es en la faceta legal-policial del estado, sobredimensionada ahora desde la vigilancia y control hasta la represión y la ampliación de los supuestos de delito contra la seguridad, forzando los límites de las libertades democráticas. Pero, como advierte el autor, “quienes piensan que el endurecimiento de la represión es una garantía de la tranquilidad pública ignoran las lecciones de la historia y desafían los riesgos de un estallido social.”
Frente a una descripción realista y cruda, Fontana se muestra en sus conclusiones abierto a la esperanza (como demuestra la historia, el estallido revolucionario puede ocurrir en cualquier momento, afirma en la última página). Apunta, de hecho, hacia algo más allá de la mera resistencia. Es preciso “aspirar a renovar lo que se combate”, los objetivos y los métodos de lucha. Resulta paradójico en nuestros días que el posible ejemplo propuesto venga, una vez más en la historia, de los campesinos (a partir del movimiento internacional Vía Campesina): No se trata tanto de la demanda de reformas (del clásico razonamiento sindicalista de obtener concesiones de la clase empresarial y del gobierno) como de la formulación de una nueva organización horizontal del trabajo en torno a la cooperación. Y concluye: “La tarea más necesaria a que debemos enfrentarnos es la de inventar un mundo nuevo que pueda ir reemplazando al actual, que tiene sus horas contadas.” Aunque, como el propio Fontana no puede ignorar, serán unas horas largas. Muy largas.
Mostrando entradas con la etiqueta Historia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Historia. Mostrar todas las entradas
lunes, 8 de abril de 2013
viernes, 3 de junio de 2011
a estas alturas
En estos días en que tanta gente se ha echado a la calle para exigir lo obvio, para pedir que la democracia no se quede en este simulacro, para exigir que los políticos representen a la ciudadanía y no a los intereses del poder, da rabia ver cómo seguimos manteniendo a personajillos que se dedican a reescribir la historia desde sus cavernas académicas.
Para empezar, el Diccionario biográfico español que acaba de publicar la Real Academia de la Historia deja fuera a las mujeres (salvo a algunas glorias del santoral ultramontano), siguiendo la tradición dieciochesca de honrar a los “varones ilustres” de la patria. Entre otras perlas, el Diccionario da lustre a la imagen de Franco (no se le califica de dictador), y suaviza la dureza de su régimen, que describe como “autoritario pero no totalitario”. No es cuestión de matices, sino puro falseamiento interesado, claro afán de limpieza de un régimen dictatorial y de un tirano sanguinario. Si al franquismo no se le atribuye el calificativo de dictadura, por contraste, el último gobierno de la II República, el del socialista Juan Negrín, se tilda de “prácticamente dictatorial”.
De haber sido sufragada por una fundación privada, la publicación de esta obrita sería lamentable, pero no escandalosa. Si resulta indignante es porque esa Real Academia de la Historia, institución obsoleta y ultraconservadora, está mantenida con fondos públicos, y este deplorable Diccionario hagiográfico ha sido costeado por el bolsillo de los contribuyentes.
Más allá de la corrección necesaria de las entradas de ese diccionario, lo cuestionable es la propia existencia de esa Academia. Como ha dicho con acierto Julián Casanova, los historiadores no necesitan guardianes de las esencias de la historia. La Academia no es el órgano institucional de los historiadores (¿acaso lo es la RAE respecto a los escritores?), sino un club de revisionistas. La Academia, a lo sumo, es idónea como objeto de estudio historiográfico, pues es muestra de cómo instituciones de esa índole han servido al poder desde su discurso de reconstrucción y andamiaje de las fuerzas vivas de la tradición más ultraconservadora, que ha gobernado este país durante buena parte de su historia.
Si no queremos que una institución así rediseñe nuestra historia a su antojo, si no queremos que una vez más se devuelva a los vencedores el privilegio de escribir la historia, tenemos el derecho a exigir que, al menos, se les retire toda subvención pública. En última instancia, cabe preguntarse por la necesidad de mantener instituciones públicas caducas e inútiles como ésta, que en tiempos de crisis deberían ser el objetivo prioritario de la tijera presupuestaria.
Para empezar, el Diccionario biográfico español que acaba de publicar la Real Academia de la Historia deja fuera a las mujeres (salvo a algunas glorias del santoral ultramontano), siguiendo la tradición dieciochesca de honrar a los “varones ilustres” de la patria. Entre otras perlas, el Diccionario da lustre a la imagen de Franco (no se le califica de dictador), y suaviza la dureza de su régimen, que describe como “autoritario pero no totalitario”. No es cuestión de matices, sino puro falseamiento interesado, claro afán de limpieza de un régimen dictatorial y de un tirano sanguinario. Si al franquismo no se le atribuye el calificativo de dictadura, por contraste, el último gobierno de la II República, el del socialista Juan Negrín, se tilda de “prácticamente dictatorial”.
De haber sido sufragada por una fundación privada, la publicación de esta obrita sería lamentable, pero no escandalosa. Si resulta indignante es porque esa Real Academia de la Historia, institución obsoleta y ultraconservadora, está mantenida con fondos públicos, y este deplorable Diccionario hagiográfico ha sido costeado por el bolsillo de los contribuyentes.
Más allá de la corrección necesaria de las entradas de ese diccionario, lo cuestionable es la propia existencia de esa Academia. Como ha dicho con acierto Julián Casanova, los historiadores no necesitan guardianes de las esencias de la historia. La Academia no es el órgano institucional de los historiadores (¿acaso lo es la RAE respecto a los escritores?), sino un club de revisionistas. La Academia, a lo sumo, es idónea como objeto de estudio historiográfico, pues es muestra de cómo instituciones de esa índole han servido al poder desde su discurso de reconstrucción y andamiaje de las fuerzas vivas de la tradición más ultraconservadora, que ha gobernado este país durante buena parte de su historia.
Si no queremos que una institución así rediseñe nuestra historia a su antojo, si no queremos que una vez más se devuelva a los vencedores el privilegio de escribir la historia, tenemos el derecho a exigir que, al menos, se les retire toda subvención pública. En última instancia, cabe preguntarse por la necesidad de mantener instituciones públicas caducas e inútiles como ésta, que en tiempos de crisis deberían ser el objetivo prioritario de la tijera presupuestaria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
